1 DE MARZO DE 2008
Volumen 3 No. 58

Mucho hemos hablado de evidenciar nuestro compromiso, sobre todo cuando
se trata de demostrar el apego con determinadas normas, ya sea como estrategia de venta, ya como compromiso contractual, ya como cumplimiento de la regulación, aún como demostración de capacidad o experiencia.
La certificación asegura por medio de un documento fiable emitido por un
organismo debidamente acreditado, que
un determinado producto, proceso, sistema, persona o servicio cumple con los requisitos o exigencias definidos por un documento normativo de conocimiento público.
Como apreciamos, es una actividad que
involucra compromisos del oferente de
bienes y servicios y de quien la ofrece;
para ello debe existir un “documento de
conocimiento público” o una norma.
Actualmente con la moda de la certificación, diversas organizaciones públicas y privadas ofrecen sus servicios, la mayoría sin contar con un procedimiento reconocido por una instancia imparcial, la
Acreditación. Por ejemplo, hemos escuchado de la certificación de viviendas que ofrece una entidad académica, la que
cuenta con acreditación para ofrecer el
servicio de docencia en apego de planes
de estudio de conocimiento público, sin
embargo, extiende la educación a empresarios para organizar sus propias empresas y posteriormente certifica sus sistemas de calidad o sus productos, las viviendas; estamos ante una certificación de segunda parte (juez y parte), respaldada por el “nombre” de quien la emite. Situación semejante ocurre con la que ofrecen las cámaras, asociaciones o colegios de profesionistas, en donde la ausencia de documentos de conocimiento público se sustituye por la buena fe de los Pares. Y qué decir de la auto certificación, que descansa en la

propia palabra “mi producto es muy bueno
y cumple con todas las normas”; caso similar al Currículum Vitae.
La certificación imparcial, transparente,
confiable y consistente, de Tercera
Parte, es aquella que ofrecen organizaciones acreditadas por instancias reconocidas por sus gobiernos o por entidades nacionales o internacionales que solo se dedican a ello; cuentan con sistemas de calidad, cumplen con normas específicas para ofrecer estos servicios, tienen Consejos Plurales (equilibrio de intereses) dedicados a vigilar su actuación y desempeño y son auditados periódicamente.
*Artículo publicado en la Revista OBRAS, diciembre de 2007

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